Una profunda preocupación embarga al cuerpo de seguridad privada del Hospital Monseñor Sanabria, luego de que los oficiales fueran notificados sobre una drástica reducción en sus jornadas laborales. Según denunciaron los trabajadores, la empresa Seguridad Máxima decidió recortar los turnos diurnos de 8 a 6 horas diarias.
La medida fue comunicada de manera sorpresiva mediante un boletín interno, lo que ha generado malestar entre el personal, quienes aseguran que la decisión se tomó de forma arbitraria, sin consulta previa y sin que hasta el momento se haya formalizado un nuevo contrato que respalde legalmente este cambio en sus condiciones de empleo.
Posible vulneración al Código de Trabajo
Esta modificación unilateral en la relación laboral podría entrar en conflicto con la legislación vigente en Costa Rica.
El Código de Trabajo establece que los contratos laborales se basan en el principio de "ajenidad" y que cualquier modificación sustancial en las condiciones —conocido jurídicamente como ius variandi— no debe causar un perjuicio económico o moral al trabajador.
- Reducción salarial: Al reducirse la jornada de 8 a 6 horas, el salario percibido disminuye proporcionalmente. Según la jurisprudencia basada en el Artículo 15 y concordantes del Código de Trabajo, una reducción unilateral que afecte el salario mínimo o las condiciones esenciales del contrato puede ser considerada como un despido indirecto, facultando al trabajador para romper el nexo laboral con responsabilidad patronal.
- Falta de adendum: Los oficiales señalan que no se ha estructurado un nuevo contrato. Legalmente, cualquier cambio permanente en la jornada debe quedar plasmado en un contrato escrito o un adendum debidamente firmado por ambas partes, aceptando las nuevas condiciones.
Sin respuestas claras
"Nos dimos cuenta por un comunicado, nadie nos preguntó si podíamos subsistir con dos horas menos de salario al día. Es una decisión que afecta directamente el sustento de nuestras familias", comentó uno de los oficiales afectados, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
Los trabajadores hacen un llamado a la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que intervenga en el caso y verifique si la empresa Seguridad Máxima está cumpliendo con los procedimientos de ley, o si se trata de una medida impuesta que violenta los derechos adquiridos de los oficiales que custodian el centro hospitalario.
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