La Fiscalía de Anticorrupción abrió una investigación penal por el caso de Esteban Arroyo, exfuncionario del Ministerio de Educación Pública (MEP), quien participó en el diseño de los estudios técnicos para una licitación adjudicada a la empresa ACS Sabanilla y, apenas un mes después, fue contratado por dicha compañía.
Según la investigación, el contrato en cuestión asciende a ₡4.250 millones para la compra por demanda de 7.000 equipos de cómputo, proyectados para abastecer a 500 centros educativos.
Arroyo se desempeñaba como subdirector de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP. Entre julio de 2025 y marzo de 2026, tuvo a su cargo la preparación técnica de la licitación para adquirir las computadoras.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, ordenó la apertura de una investigación interna y puso en evaluación la continuidad del contrato con la empresa proveedora.
Aunado a esto, el jerarca instruyó la preservación de toda la documentación vinculada al proceso y prohibió que Arroyo realice o participe en nuevas gestiones ante el MEP.
Sánchez aclaró que la apertura del procedimiento no atribuye responsabilidades de antemano. Asimismo, señaló que, de hallarse eventuales infracciones, se remitirán los hallazgos a las autoridades competentes y órganos de control, respetando el debido proceso.
Exfuncionario asumió como gerente en empresa adjudicataria
Arroyo cesó sus funciones en el MEP el 7 de mayo de 2026 y, un mes después, fue contratado por ACS Sabanilla para gestionar el mismo contrato que redactó desde el sector público.
La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona a los funcionarios que, dentro del año posterior a la firma o ejecución de un contrato administrativo, acepten empleo en empresas beneficiadas, siempre que hayan participado en alguna fase del concurso licitatorio.
Tras trascender la anomalía, una dependencia de la institución remitió el expediente el 21 de agosto a la Dirección de Proveeduría Institucional y al Viceministerio Académico para determinar las acciones a seguir en materia de contratación pública.
Por su parte, José Roberto Acuña Solís, gerente de ACS Sabanilla, indicó al medio digital CRHoy que la compañía prefiere no pronunciarse sobre el fondo del asunto hasta recibir una notificación oficial del MEP.
Arroyo, en tanto, manifestó que respondería las consultas enviadas por este medio de manera escrita; sin embargo, al cierre de esta edición, no ha remitido sus descargos.
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