PRESIDENTE CHAVES VETA AJUSTE DE PENSIONADOS DEL MAGISTERIO

​El Poder Ejecutivo frenó de manera total el proyecto de ley que buscaba descongelar y reajustar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional. La iniciativa, impulsada por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, pretendía beneficiar a los jubilados cubiertos por las leyes 2248 y 7268.

​El núcleo de la propuesta

​El proyecto establecía un mecanismo de revalorización automática cada seis meses para las pensiones iguales o menores a ¢2 millones. Este ajuste se basaría en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aplicándose siempre que no existieran aumentos salariales por costo de vida.

​Según la exposición de motivos, la meta era compensar a unos 30.000 educadores pensionados que han visto sus ingresos estancados desde el 2020 debido a la aplicación de la regla fiscal.

​Los argumentos del Veto

​A pesar del apoyo legislativo, el presidente Rodrigo Chaves aplicó el veto total basándose en los siguientes puntos:

1. ​Sostenibilidad financiera: El Ejecutivo argumenta que la propuesta crea una obligación de gasto permanente y automática sin identificar una fuente de financiamiento clara.
2. ​Impacto presupuestario: Según el documento del veto, por cada 1% de aumento en estas pensiones, el Estado requeriría desembolsar aproximadamente ¢3.676 millones adicionales al año.
3. ​Riesgo fiscal: La Presidencia sostiene que esta medida comprometería el equilibrio de las finanzas públicas y aumentaría la rigidez del Presupuesto Nacional.

​¿Qué sigue en la Asamblea?

​Tras el veto presidencial, la iniciativa regresa a la Asamblea Legislativa. Ahora, los diputados tienen dos caminos:

1. ​Aceptar el veto: El proyecto se archiva o se modifica según las observaciones del Ejecutivo.
2. ​Resellar la ley: Si los legisladores logran una mayoría calificada (38 votos), pueden obligar a la aprobación de la ley por encima del veto presidencial.

​El conflicto central radica en el balance entre la recuperación del poder adquisitivo de los docentes jubilados y la estabilidad del gasto público bajo las restricciones fiscales actuales.